Por Marisa Figueroa

Amnistía Internacional presentó la semana pasada el informe Voces contra el Olvido donde analiza (y critica) la respuesta de la política exterior española a los abusos de derechos humanos en el mundo. El documento toma como referencia el trabajo realizado por el gobierno español y los grupos parlamentarios en esta IX legislatura y retoma las recomendaciones publicadas hace tiempo a fin de valorar su grado de cumplimiento. Mención especial daría a los análisis  sobre cómo la crisis financiera está devastando el concepto de respeto a los derechos humanos y cómo las revueltas en el mundo árabe recuerdan a los gobiernos europeos que “sin derechos humanos es difícil que haya estabilidad”.

¿Qué ha hecho el gobierno español?

Amnistía reconoce el compromiso oficial del gobierno con la promoción de los derechos humanos. La aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos en 2008 fue una muestra de ello. Pero la valoración es insuficiente si se quiere apoyar una política exterior que sea coherente con los compromisos y obligaciones internacionales contraídas por España y con las promesas electorales de los partidos, los planes, las conferencias y discursos de los gobernantes españoles. El documento llama la atención sobre tres aspectos: primero, se ha detectado poca voluntad política para actuar y frenar la aplicación de la pena de muerte en algunos países así como para esclarecer los abusos de las prácticas referidas a la “guerra contra el terror” (España sólo ha apoyado el cierre de Guantánamo sin promover el acceso a las víctimas a justicia y reparación); segundo, España sigue defendiendo la aplicación de “diálogos críticos” en sus relaciones bilaterales, vale decir apoyando el falso dilema entre promoción y defensa de derechos humanos y la persecución de intereses económicos, que muchos identifican como “diplomacia económica” (serían los casos de Cuba, Colombia, Marruecos, Sahara Occidental, China, Guinea Ecuatorial y Rusia) o incluyen la venta de armas a países preocupantes (Arabia Saudí, Pakistán, Bahréin, Siria, Líbano, Israel, Irán, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Sudán, Ghana o Colombia, entre otros); y tercero, España no ayuda al avance de los derechos humanos en el sistema universal y, por lo tanto, menoscaba la aplicación del principio de jurisdicción universal (las referencias son las presiones del gobierno chino e israelí a España para que realice reformas legislativas).

El documento resalta que España sí ha impulsado retos ambiciosos en Naciones Unidas, la UE y el Consejo de Europa para temas relativos a la pena de muerte, la violencia de género, la protección de los derechos de homosexuales, el derecho al acceso al agua y el saneamiento. También Amnistía celebra el reconocimiento de España como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lamentablemente se valora que estos avances demuestran la tendencia a abordar estos problemas de derechos humanos de forma selectiva.

En definitiva, pese a los avances del Plan Nacional, los derechos humanos en España siguen sin ser un interés nacional y las medidas de política exterior aplicadas han supuesto un valor añadido limitado. Por ello es legítimo cuestionar el desequilibrio entre defensa de derechos en foros multilaterales y su tenue o inexistente defensa en las relaciones bilaterales. Todavía España no tiene un plan integral y transversal de derechos humanos que pueda engranarse con la política exterior.

El efecto de la crisis financiera en los derechos humanos

El informe dice que puede que los estados y organismos internacionales impulsen la recuperación económica pero Amnistía recuerda que ésta no será sostenible ni equitativa si los estados no sitúan la protección de los derechos humanos en el centro de las políticas. Y con ello cubrir el gran abanico de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Los casos preocupantes que trata el informe son los de China y Marruecos. Ignorar los derechos humanos de las agendas políticas oficiales no es garantía de estabilidad dice.

Una de las conclusiones del informe es que los derechos humanos no son un interés nacional para España, tal como lo son la promoción y defensa de otros intereses relacionados con la seguridad nacional, el beneficio económico o la seguridad energética, entre otros.

Los derechos humanos en el Norte de África

Uno de los capítulos del informe ofrece una radiografía de la situación de los derechos humanos en el Norte de África. Resumiendo. Con respecto a Túnez insta a que España no le venda armas pero que sí presione para que los atropellos acometidos no queden impunes y que sus responsables vayan a la justicia. Tras la dimisión de Mubarak se pide que se persiga a los culpables y se dé protección real a los derechos políticos y económicos de los egipcios. Y en Libia se debe proteger a los refugiados y solicita a España y a la UE que pongan en marcha un plan urgentemente.

 

Acerca de El Blog de ECFR Madrid

Oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR en sus siglas en inglés), el primer think tank paneuropeo.

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